La onda es la siguiente: hoy por hoy la telefonía móvil es una de las principales fuentes de comunicación pero que pasa para el común de la gente hablar por teléfono significa lisa y llanamente hablar por cel. Por eso también se explica el estancamiento zarpado de la telefonía fija pero a diferencia de la telefonía fija ( valga la redundancia), las redes de telefonía celular no están reguladas y por eso las tarifas y las condiciones de prestación se ajustan más al lucro de las pocas empresas que participan del mercado, que a intereses y necesidades de los usuarios.
Lo que se piensa que con esto de que ahora los usuarios podemos rajarnos de las empresas de las que muchas veces somos esclavos con nuestros números , es que las empresas van a estar obligadas q mejorar su calidad de servicio y tarifación , no sé yo tengo mis dudas si bien entiendo que esto está reglamentado por el gobierno en 2010 y entro en vigencia en diciembre último, quizá y espero me equivoque las empresas busquen otra manera de esclavizar o persuadir con publicidades que aplican las psicología inversa llegando al común de la sociedad que es comprada mediante ellas y muchas veces no razona.
Yo lo que le veo de bueno a esto de la portabilidad es que va a ver un poco mas de lugar para la competencia es decir algunas cooperativas de acá (nacionales) como por ejemplo Nuestro, la marca de telefonía celular lanzada a fines de 2009 por la Federación de Cooperativas Telefónicas del Sur (FECOSUR) y que hoy, gracias a la infraestructura existente, provee servicios móviles a distintas localidades del interior. Para Nuestro, la portabilidad es una oportunidad para conquistar clientes!!!
Este asunto acarrea también una muy buena iniciativa y que me parece muy razonable por la cual muchos lo veníamos plateando que es la de dos proyectos -uno del socialista Rubén Giustiniani y otro de la actual intendente de Paraná por el Frente para la Victoria, Blanca Osuna- que, más allá de algunas diferencias, apuntaban a lo mismo: declarar a la telefonía móvil un “servicio público”.
Pensemos lo siguiente : la declaración de servicio público traería aparejado pasar de un precio libre a una tarifa, es decir a una regulación sobre cuáles son los costos y la ganancia razonable, a una discusión de las pautas sobre la competencia en el mercado y sobre aquellos derechos que tienen los consumidores. Hoy por hoy, la desregulación afecta principalmente a los sectores de menores recursos que gestionan sus necesidades de comunicación a través de los celulares y no del teléfono fijo, que sí goza de regulación. La mayoría de estos usuarios recurren a las tarjetas prepagas, que suponen el 70% del mercado de la telefonía celular en la Argentina y resultan mucho más caros que los abonos. Con la misma lógica con la que el Estado decidió en los últimos dos años invertir en la diseminación de tecnologías desde una perspectiva inclusiva, mediante planes como Argentina Conectada y Conectar Igualdad, podría declararse como servicio público a la telefonía móvil para garantizar mejores condiciones para un servicio que desplazó al teléfono fijo y que en muchos casos opera incluso como relevo de otras tecnologías más modernas. O no?
